La actual situación de conflictividad social se sostiene en gran parte desde el hartazgo de la sociedad en su conjunto y su reacción en contra de la corrupción, ya lo señala el reciente Ranking de Competitividad Global 2019 del Foro Económico Mundial (World Economic Forum – WEF), en su última reunión anual que converge a líderes empresariales y políticos, además de a un grupo selecto de periodistas e intelectuales, en el cual el Perú se coloca dentro de los 50 países más corruptos luego de la evaluación de 141 economías.
Ciertamente se han tenido retrocesos en aspectos como la percepción en la independencia del sistema judicial, la eficiencia del marco legal en regulaciones desafiantes; basta decir que nos encontramos en el puesto 118 en lo referente a la visión de largo plazo del Gobierno.
Asimismo, el punto de partida inmerso dentro de los discursos en contra de la minería se basa en la obligación de mantener las condiciones naturales del ambiente, ello con el propósito de lograr una convivencia en condiciones ambientalmente dignas, a lo que se suma el contenido del artículo 13 de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, es decir, “el derecho a un medio ambiente seguro, sano [es] condición necesaria para el goce del derecho a la vida y el bienestar colectivo”.
En consecuencia, los bloqueos en distintas vías claves ocasionan paralizaciones en proyectos mineros producto de la interrupción en el suministro de combustibles e insumos, lo que redunda en fallos en la logística planificada como el incumplimiento en el rango de producción en yacimientos como el de Las Bambas (región Apurímac), desde el cual se extrae el 15% del cobre que exporta el país y en donde actualmente se vive una situación de diálogos infructuosos con las comunidades de la zona.
En materia constitucional, a partir de la resolución derivada del proceso 0018-2001-AI/TC se tienen algunos alcances y precisiones en materia ambiental, es así que del texto es posible advertir que se enumeran actividades que potencialmente pueden afectar el medio ambiente a partir de emanaciones de humos, gases, olores, nieblas y partículas; el vertimiento de productos perjudiciales para la salud humana y que dañen la riqueza agrícola, forestal, pecuaria o piscícola; así como aquellas que ocasionen riesgos graves a las personas o sus bienes debido a explosiones, combustiones o radiaciones.
A lo expuesto, es posible sumarle la laxa legislación en temas de fiscalización minera que existía en el Perú hace algunos años y los hechos derivados sobre el particular, lo que sin duda otorga potencia al discurso contrario a las actividades extractivas, especialmente a la minera, lo cual no debe desembocar en la imposibilidad de llevar adelante los proyectos mineros, siendo estos posibles a partir de una planificación responsable y consecuente bajo una mirada coyuntural en observancia a los temas sociales, ambientales y legales que el desarrollo de una minería moderna implica.
Por Pedro Balta